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Bienestar Social propone moderar el copago pero no lo retirará

El Pais

La Consejería de Bienestar Social se ha reunido este lunes con representantes de los colectivos de apoyo a la discapacidad para entregarles su propuesta de acuerdo sobre el copago en dependencia. Las medidas propuestas, entre las que está aumentar el dinero de bolsillo o recalcular el importe de las prestaciones al cuidador no profesional, supondrán reducir la presión económica del copago sobre los usuarios pero no significarán la retirada del mismo. Una de las medidas sugiere retirar la responsabilidad de los centros de reclamar por la vía judicial ante los impagos de los usuarios. Los colectivos han valorado positivamente la propuesta de la Generalitat aunque se muestran cautos y las estudiarán a fondo antes de responder.

El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, ha mantenido este lunes sucesivas reuniones con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) CV, la Coordinadora de Centres Ocupacionals del País Valencià (Copava) y la Federación de Empresarios de Entidades de atención a la discapacidad (Fead CV) en las que ha trasladado su propuesta de acuerdo tras haber estudiado las peticiones de los colectivos.

La Consejería de Bienestar Social ha propuesto incrementar el llamado “dinero de bolsillo”, el dinero mínimo que se deberá respetar a cada usuario. El documento de la Generalitat propone aumentar este importe para usuarios de residencias de los 126 euros mensuales previstos inicialmente a 213,5 euros en el caso de personas con discapacidad. Esta cantidad supone, según Bienestar Social, 2.562 euros anuales, cantidad que constituye el 40% del IPREM. Además, propone mejorar la cantidad de libre disposición para las personas mayores en residencias públicas al pasar de los 101 euros mensuales a 170 euros.

Por otra parte, la consejería asumirá gastos de transporte para alrededor de 800 usuarios de Centros Ocupacionales de ámbito comarcal, que reciben usuarios de localidades cercanas. Según sus cálculos, la financiación anual aproximada será de unos 1.300 euros por usuario.

Asimismo, durante las reuniones se ha trasladado a las entidades representativas del sector de la discapacidad la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de mejorar el cálculo de las prestaciones económicas por dependencia en beneficio de los menores de 18 años que se encuentran en situación de dependencia, de manera que se tenga en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, como se ha venido haciendo hasta ahora. Además, para menores de 18 se propone generalizar la prestación para personas en situación de dependencia por Cuidador No Profesional, algo que se contempla como excepción dentro del catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia.

En los casos de personas con discapacidad sobrevenida que sean cabeza de familia, la Generalitat mantendrá la renta familiar en el cálculo de la capacidad económica porque, según explican, “se trata de situaciones especiales y de este modo se favorece a la familia”. Además, Bienestar Social “contempla la supresión del requisito para los cuidadores no profesionales de no percibir prestación de desempleo, de manera que se podrán compatibilizar ambas prestaciones”.

Respecto a las viviendas tuteladas, estos centros podrán recibir tratamiento como recurso residencial, , como hasta ahora, o como recurso de noche, lo que las equipararía al centro de día y, por lo tanto, el usuario sólo copagaría a partir de 532 euros.

El secretario autonómico, Manuel Escolano, ha insistido en que de los usuarios de 8.800 plazas en centros de atención a la discapacidad financiadas por la Generalitat, "alrededor de 4.000 personas, casi la mitad, quedan exentas de realizar aportación alguna".

Escolano ha trasladado a la Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (FEAD CV), la intención de la Consejería de homogeneizar las subvenciones para la atención especializada en centros de discapacidad, de manera que centros que prestan los mismos servicios reciban la misma financiación de la Generalitat. La propuesta, según Bienestar Social, ha sido bien recibida por la entidad, que ha realizado una valoración positiva de la iniciativa de establecer una distribución justa y equitativa para todos los centros. Pero las entidades han empezado a mostrar sus reparos.

“La discusión no ha sido tan bonita como ha quedado por parte de ellos”, ha asegurado Joan Planells, presidente del Cermi en la Comunidad Valenciana. Planells ha valorado positivamente la intención negociadora de la Generalitat pero ha criticado las propuestas. “Como principio bien, pero como fin, no”, ha sentenciado. Para el Cermi, aunque la idea sea aumentar el dinero de bolsillo, la nueva cantidad sugerida es “insuficiente”. Además, aunque se muestran satisfechos con la decisión de retirar la responsabilidad de pleitear a los centros, han criticado que no haya alternativa propuesta ante posibles casos de impagos.

El Cermi ha solicitado a la Consejería estudiar de manera concreta las situaciones de tutela de personas con discapacidad, con la finalidad de que los tutores puedan seguir disponiendo de la cantidad que legalmente pueden detraer de la renta individual del tutelado por su dedicación a esa tutela, con indiferencia de que la persona con discapacidad reciba atención en centro residencial, ocupacional o de día.

Copava ha preferido estudiar detalladamente la propuesta antes de emitir una valoración.

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