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Bienestar Social revisará precio para discapacitados atendidos en residencias

ABC

La Conselleria de Bienestar Social revisará y modificará el decreto que regula el "precio público" de las personas con discapacidad atendidas en residencias para que la normativa tenga en cuenta, además de la capacidad económica de los pacientes, los gastos que estos deben afrontar.

Bienestar Social acepta así las recomendaciones del Síndic de Greuges, José Cholbi, que ha recibido "con gran satisfacción" la respuesta de la Generalitat, según un comunicado del defensor del pueblo valenciano.

El compromiso de Bienestar Social viene propiciado por una queja del Síndic tras investigar el caso de una persona con discapacidad atendida en una residencia y a la que se había aplicado la nueva normativa.

Esta prevé que la aportación de los beneficiarios se compute en función de su capacidad económica y se devengue en 14 mensualidades, y afecta a los colectivos de la tercera edad y discapacidad, hayan sido reconocidos o no como personas dependientes.

Según José Cholbi, su aplicación "agrava" la situación ya generada por otras medidas como la eliminación de la gratuidad de los medicamentos y prótesis, entre otros, "haciendo muy difícil, en muchos casos, continuar con los proyectos de asistencia e inserción que tenían trazados".

Bienestar Social se ha comprometido a revisar, por un lado, el contenido del Decreto 113/2012, que establece el régimen y cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, y por otro, a atender la petición de revisión del precio público aplicado al caso investigado promotor de la queja.

Según el comunicado, la Conselleria ha respondido que "se analizarán las modificaciones posibles de la normativa vigente para adecuar la participación del usuario en el coste de los servicios sociales a la realidad de su situación económica".

Tendrá en cuenta así "no sólo la capacidad económica, sino también los gastos que deben afrontar las personas afectadas".

Cholbi considera que, de este modo, se asegura la autonomía personal e inclusión social de estas personas, "evitando en todo caso procesos de empobrecimiento y pérdida patrimonial".

El defensor del pueblo valenciano ha prestado "especial atención" a las personas con discapacidad, puesto que, según ha recordado, este colectivo se encontraba exento de pago desde 1995.

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