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Cientos de discapacitados recurren en Valencia el copago en centros

El Pais

La aplicación del nuevo copago para dependientes y personas con discapacidad en prestaciones públicas como centros de día o talleres ocupacionales ha provocado un estallido de indignación entre los afectados, además de una gran confusión. Cientos de ellos se agolparon este miércoles frente a la dirección territorial de la Consejería de Bienestar Social en Valencia para presentar recursos de alzada en contra de una iniciativa que consideran ilegal, opaca y que, en algunos casos, les obligará a pagar hasta un 90% del coste de la plaza.

“Mi hijo tiene síndrome de Down y cobra 547 euros de pensión. Somos cuatro y yo cobro 426 euros de subsidio. Con el repago, le quieren robar 96 euros mensuales de su pensión”, contaba Ricardo sosteniendo los impresos de reclamación en la enorme cola que salía de la oficina de Bienestar Social.

Unos metros más atrás, Leonor, jubilada, contaba la situación de su familia: “Mi hermana es huérfana de padre y madre y yo soy la tutora. Cobro una pensión no contributiva de 357 euros. Mi hermana cobra en total cerca de 1.200 euros: unos 500 euros de minusvalía y el resto de la pensión de orfandad. Ahora le van a quitar 385 euros mensuales”.

En las cartas que han recibido las familias, la consejería explica que serán los centros quienes hagan el cobro del montante a abonar. “A nosotros nos han dicho que lo paguemos en el centro. El centro dice que ellos no saben nada, que vayamos a servicios sociales y allí tampoco saben nada. Entonces ¿dónde pago? Así, aunque queramos pagar, tampoco sabemos cómo hacerlo”, se quejaba Concepción. Los afectados tienen un mes para presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Administración, un plazo que acaba hoy para los primeros que comenzaron a recibir las notificaciones.
Este copago hunde sus raíces en una decisión adoptada en la reunión del Consejo Interterritorial de Dependencia —el organismo que reúne al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas— que tuvo lugar en julio de 2012. En este encuentro se sentaron las bases para fijar unos criterios comunes de aportación económica por parte de los beneficiarios de las ayudas del sistema de dependencia.

Desde entonces, sin esperar a la aprobación de la normativa estatal que debe desarrollar el acuerdo, distintas autonomías se lanzaron a aplicar el copago. Una de las primeras fue la Comunidad Valenciana, que el año pasado impuso esta tasa en las prestaciones económicas (ayudas para cuidadores familiares, para residencias concertadas) que paga a los dependientes.

Este mes de enero, la Generalitat ha dado una vuelta de tuerca más y ha ampliado el nuevo copago (antes de la dependencia ya se pagaba, por ejemplo, por residencias públicas parte de la pensión) a otras prestaciones, como servicios residenciales o centros de día. Pero además, lo ha extendido a las personas con discapacidad que no están cubiertos por el sistema de dependencia; unos 4.000, según sus representantes.

El Real Decreto a través del cual el ministerio fijará los criterios comunes del copago para toda España aún no existe; está previsto que se apruebe en breve. Uno de los principales argumentos incluidos en los recursos presentados ayer —elaborados por la abogada de la Plataforma de Defensa de la Ley de la Dependencia en Valencia, Sandra Casas, entidad que ha liderado la defensa del colectivo— se refiere a esta cuestión: a la falta de norma estatal y a la invalidez del acuerdo del Consejo Interterritorial para respaldar el copago en la Comunidad Valenciana .
“El acuerdo [del Consejo Interterritorial] carece de fuerza vinculante o facultativa alguna para las comunidades autónomas que no pueden instaurar copago alguno mientras el contenido del citado acuerdo no sea aprobado por la norma estatal correspondiente”, recoge los recursos.

¿Qué necesidad había de aplicar el copago antes de salir la norma estatal? “No tiene sentido, lo sensato es esperar al real decreto para garantizar la equidad y aplicar el mismo criterio en todas las autonomías”, apunta José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

¿Y por qué extender la recaudación a los discapacitados que no reciben ayudas de la dependencia? Fuentes de la Consejería de Bienestar Social señalan que el 40% de ellos no pagarán y que la medida trata de evitar un agravio comparativo con aquellas personas a las que sí se les cobra un copago por ser dependientes.

Además, explican solo Madrid no aplica esta nueva tasa a las personas con discapacidad. Sin embargo, la medida no se aplica en ningún lugar con la “dureza” [en términos de sumas de copago exigidas] con la que se ha aprobado en la Comunidad Valenciana, según el responsable del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la Comunidad Valenciana, Joan Planells. El CERMI-CV pidió paralizar “de forma inmediata” el copago a los discapacitados y denunció el “caos administrativo” generado por Bienestar Social.

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