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El Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha se comunica con el Presidente del gobierno | disacc.es
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El Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha se comunica con el Presidente del gobierno

, insta a Rajoy a comprometerse con el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia

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Mariano Rajoy, el actual Presidente del Gobierno

Mariano Rajoy, el actual Presidente del Gobierno

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y en especial los Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, instan a Mariano Rajoy y al Partido Popular a comprometerse en firme con el desarrollo y mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia tal y como prometió si llegaba al gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre.

La promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia no puede estar al albur de las decisiones políticas de uno u otro partido, sino que se trata de un derecho subjetivo garantizado por Ley que las Administraciones Públicas deben cumplir en cualquier coyuntura.

A pesar de la crisis económica y de sus efectos, que en el mundo social son palpables, España como país y como sociedad puede y debe mantener y ampliar los dispositivos de atención a las personas con necesidades intensas de apoyo para la autonomía personal.

No hay razones económicas de peso que justifiquen en ningún caso la paralización de la Ley o la reducción de sus prestaciones y servicios.

Muy al contrario, el nuevo Gobierno que surja de los comicios del próximo domingo ha de impulsar el despliegue de la Ley, culminando la implantación de todas sus etapas, proceso aún no concluido. Es más, el próximo Ejecutivo tiene que revisar la aplicación de la Ley, tras 4 años en vigor, y corregir y suplir las deficiencias que se han producido en este tiempo.

No es el momento de replantearse nada que signifique recorte o bloqueo, sino de terminar de configurar este dispositivo de atención social, que resulta, junto con el resto de políticas de inclusión de la discapacidad, irrenunciable e irreversible.

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